En el primer aniversario de la revocación de la prohibición de la minería, Aliados Internacionales se unen a las comunidades salvadoreñas en oposición a la minería en El Salvador
San Salvador y todo el mundo – El 23 de diciembre se cumple un año desde que el Gobierno salvadoreño aprobó la ley que revocó la histórica prohibición nacional de la minería de metales en El Salvador, en 2017. En este aniversario, los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador se unen a las comunidades salvadoreñas en su llamado de oposición a nuevos proyectos de minería tóxica en El Salvador.
El Salvador se enfrenta a múltiples retos y amenazas medioambientales que se verían agravados por la minería industrial a gran escala, tal y como se describe en «Agua antes que oro: 15 razones por las que El Salvador rechazó la minería de oro que aún siguen vigentes».
La revocación de la prohibición de minería metálica por parte del presidente Nayib Bukele agrava los riesgos que ya se manifiestan en su agenda económica extractiva y aumentará el riesgo de contaminación ambiental, violaciones de los derechos humanos y problemas de salud pública en El Salvador, además de tener un impacto económico adverso en actividades importantes como la agricultura.
«El Salvador no puede generar agua limpia, comunidades saludables y medios de vida sostenibles mediante la minería», advirtió John Cavanagh, asesor principal del Instituto de Estudios Políticos (IPS).
El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa de El Salvador votó por unanimidad prohibir la minería de metales con el fin de salvaguardar sus ríos y sus aguas. Esa decisión trascendental fue el resultado de una poderosa y sostenida organización por parte de miembros de comunidades de El Salvador, con el apoyo de organizaciones sociales y comunidades de todo el mundo. Las comunidades de fe desempeñaron un papel fundamental en esa histórica victoria en la defensa de los bienes hídricos y terrestres, y actualmente siguen siendo una voz para quienes defienden los derechos del agua y la tierra en circunstancias extraordinarias. En junio, el gobierno introdujo una Ley de Agentes Extranjeros orientada a censurar organizaciones de la sociedad civil que reciben cooperación internacional para el desarrollo y defienden los derechos humanos, al definir sus actividades, percibidas como una amenaza para su agenda económica, como actividades políticas.
El 1 de diciembre, 153 destacadas organizaciones religiosas de 25 países publicaron una carta en apoyo a líderes religiosos salvadoreños, quienes han instado a preservar la histórica votación de 2017 en la Asamblea Legislativa Nacional para prohibir de manera unánime la minería metálica. La prohibición fue revocada en 2024 por la Asamblea Legislativa y sustituida por una nueva ley que permite la minería, sin protecciones ambientales, por orden del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La lista completa de signatarios de la carta representa expresiones locales, regionales y nacionales de comunidades y denominaciones religiosas, y de organismos relacionados de países y regiones de todo el mundo, entre ellos Asia, Canadá, Colombia, México, Alemania, Oriente Medio, España, Estados Unidos y Zambia, entre otros.
En un artículo publicado en el diario La Jornada, en el que se destaca esa carta abierta, el columnista y experto en política comercial y minera Manuel Pérez Rocha señala la autoridad moral con la que las organizaciones religiosas condenan la perjudicial reintroducción de la minería en El Salvador e instan a proteger los valiosos recursos hídricos. «Crece así el llamado mundial para que Bukele ponga fin a la persecución y criminalización de personas defensoras del agua y de los derechos humanos» Perez Rocha explica.
La persecución de líderes comunitarios y defensores del agua que se han opuesto a la reintroducción de la minería en El Salvador ha dado lugar a acusaciones, con motivaciones políticas, contra cinco destacados defensores del agua en Santa Marta, El Salvador, quienes fueron declarados inocentes de todos los cargos en dos juicios separados. Este mes, un tribunal salvadoreño condenó a un abogado ambientalista y a un líder religioso a tres años de prisión por protestar cerca de la casa del presidente Nayib Bukele, pero les concedió la libertad condicional, prohibiéndoles participar en protestas públicas. La abogada constitucionalista Ruth López, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería de 2024, permanece en prisión desde mayo sin fecha estipulada para su comparecencia.
Como aliados internacionales, nos solidarizamos con las comunidades, las organizaciones religiosas y de la sociedad civil que trabajan para proteger el agua en El Salvador y hacemos eco de sus demandas para restablecer la prohibición de la minería y el estado de derecho.
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Contactos de prensa:
John Cavanagh, Institute for Policy Studies, johnc@ips-dc.org
Pedro Cabezas, Central American Alliance against Mining (ACAFREMIN) and International Allies Against Mining in El Salvador, stopesmining@gmail.com
Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, manuel@ips-dc.org
Alexis Stoumbelis, Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), info@cispes.org
