El modelo de energía «verde» de Honduras se basa en el despojo, advierte estudio, mientras el Congreso de Honduras se dispone a privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Para publicación inmediata – 21 de julio de 2026
Tegucigalpa, Honduras– Mientras el Congreso Nacional se prepara para retomar su tercer y último debate hoy sobre las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales publica un nuevo informe: «El lado oscuro de la transición energética: colonialismo verde en el sur de Honduras».
El informe — elaborado por la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), el Instituto de Estudios Políticos, el Instituto Transnacional, TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras— advierte que la reforma resucita y profundiza el modelo que vendieron al país en 2014: Generación, distribución y transmisión privada de energía disfrazada de sostenibilidad, que genera daños ambientales, sociales y económicos en las comunidades afectadas, colma de garantías a los inversionistas privados, y trata el acceso a la electricidad como una mercancía en lugar de un derecho humano.
El informe se centra en el estudio de caso del proyecto solar Los Prados, propiedad de las empresas noruegas Scatec, Norfund y KLP Norfund Investments, en Namasigüe, Choluteca. Los contratos de este proyecto fueron aprobados de manera fragmentada para evitar mayor evaluación ambiental y otorgadas con evidencia de corrupción e irregularidades, que jamás han sido investigados debidamente. Las comunidades testifican que esto ha conllevado deforestación, desplazamiento, pérdida de tierras productivas y fuentes de agua, aumento del calor, y conflicto social en los territorios en los que se instalaron. Además, por más de 8 años, la empresa Scatec ha sostenido la persecución penal contra 10 defensores de los derechos humanos y el ambiente que se opusieron al proyecto de Los Prados por los daños en sus comunidades.
Este patrón mafioso, dañino y represivo, se repite con otros proyectos de energía solar en el sur y otras formas de generación eléctrica renovable, incluidas las represas hidroeléctricas. La experiencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con el proyecto hidroeléctrica Agua Zarca —financiado en parte por el banco holandés FMO y vinculado a empresas relacionadas con David Castillo, condenado por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres—, involucra las mismas tácticas, las mismas prácticas mafiosas y la misma impunidad.
El pueblo hondureño ya ha pagado muy caro por este modelo. Hemos documentado siete empresas extranjeras del sector energético que interpusieron demandas de arbitraje internacional en contra del Estado, reclamando cientos de millones de dólares en compensaciones. Las empresas noruegas utilizaron la Ley de Promoción y Protección de Inversiones aprobada en 2011 para demandar a Honduras por $400 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Estas demandas se utilizaron como palanca de presión durante la renegociación de sus contratos. Prueba de ello es que, una vez terminada la negociación, las empresas retiraron sus demandas. Pese a ello, aún siguen pendientes cinco demandas en contra del pueblo hondureño por más de mil millones de dólares, una cantidad mayor al valor estimado que se pensaba ahorrar por la renegociación de los contratos de energía solar el año 2022. Este dinero que exigen las empresas, podría ser mejor utilizado para mejorar el sistema eléctrico y la provisión de este servicio a la población.
Toda esta situación nos preocupa profundamente y nos solidarizamos con las manifestaciones de las organizaciones campesinas e indígenas durante los últimos meses, ante la priorización por la administración actual de los intereses del sector privado a través de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, los Proyectos Energéticos, el Turismo, la Ganadería y los Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. Junto con la posible aprobación de una nueva ley de energía que privatiza aún más a la ENEE, con altos costos para el erario público y el probable empeoramiento del servicio de luz para el pueblo, estas leyes abren la puerta a más invasiones de sus territorios, respaldados por marcos legales que castigan la protesta social y la resistencia.
En conclusión:
- Exigimos que Scatec ponga fin inmediato a la criminalización de las y los diez defensores y una reparación integral por los daños sufridos.
- Urge una investigación real —judicial e independiente— sobre los daños ambientales, sociales y económicos, y de la corrupción y los vínculos con el crimen organizado que rodean al proyecto Los Prados y los demás proyectos de energía renovable en Honduras.
- Exigimos la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras.
- Expresamos un no rotundo a la privatización de la energía, sin ningún tipo de disfraz de modernización.
- Denunciamos el retorno de Honduras al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), anunciado el primer día de esta administración y que volverá a entrar en vigencia el 16 de agosto. Salir del CIADI no es suficiente para proteger el país en contra de las demandas de las empresas transnacionales, no obstante, es un primer paso hacia la recuperación de la soberanía sobre decisiones importantes de interés público.
- Urge un modelo energético y una verdadera transición energética justa bajo control público y comunitario, basada en la justicia y la democracia energética, que priorice un medio ambiente sano, la igualdad social, las necesidades de las comunidades y la garantía de los derechos colectivos —especialmente la autodeterminación de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y afro-indígenas Garífunas—, asegurando el respeto de su toma de decisiones en todo momento.
En todo el Sur Global, la emergencia climática se está usando para justificar proyectos con inversión transnacional que repiten viejos patrones coloniales de despojo. Son protegidos por marcos legales que permiten a las corporaciones castigar a los gobiernos que se atreven a regular en favor del interés público, y que al mismo tiempo utilizan al estado para reprimir y criminalizar a los pueblos y comunidades que se oponen. Este es el caso de Honduras y del parque solar Los Prados, en donde las comunidades afectadas resisten a los intereses de las élites locales y mafiosas asociadas con inversores extranjeros, defendiendo sus territorios, su salud y el ambiente del extractivismo en forma de paneles solares.
Es dado el 21 de julio de 2026, en Tegucigalpa-Honduras
Firmado por: la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), el Institute for Policy Studies (IPS) – Programa de Economía Global, el Instituto Transnacional (TNI), TerraJusta, y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN).
