Si la 4T desea sacudirse el yugo del neoliberalismo y reclamar la soberanía nacional, que mire a Pakistán.
Ese país asiático está por derogar la mayoría de sus tratados bilaterales de inversiones (TBI), que lo atan de manos para el diseño e implantación de políticas públicas y regulaciones en favor del interés público. Los TBI, así como los capítulos de inversiones en tratados de libre comercio, como el TLCAN, definen las obligaciones que tienen los países para otorgar protecciones y privilegios a los inversionistas extranjeros, incluyendo la facultad de demandar a los estados en tribunales supranacionales, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
El privilegio principal es que los estados deben compensar a las empresas cuando regulaciones o políticas en favor del interés público y nacional afectan sus ganancias esperadas. Es una poderosa herramienta neocolonial, incluida en el T-MEC, que escasamente se discute públicamente cuando se debate en torno a la soberanía energética del país.
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